Una reciente resolución del Tribunal de Brescia ha hecho visible una contradicción que merece atención. El 28 de agosto de 2026, la Séptima Sección Civil, competente en materia de inmigración, protección internacional y libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea, aplazó hasta el 8 de julio de 2027 las audiencias de 51 procedimientos, muchos de ellos inscritos ya en 2024. En la propia motivación, la magistrada hace referencia expresa al Decreto Ley n.º 100 de 2026, relacionado también con la aplicación del Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo, además de mencionar la composición de su propia carga de trabajo y las necesidades organizativas prioritarias del Tribunal.

La resolución no afirma que las cuestiones de ciudadanía italiana sean menos importantes que las relativas a la protección internacional y tampoco permite concluir que los 51 procedimientos enumerados sean recursos iure sanguinis. Esto debe precisarse. Sin embargo, cuando esta reorganización alcanza procedimientos de ciudadanía, el efecto es evidente. Quienes ya esperaban una decisión judicial deben seguir esperando porque la misma estructura jurisdiccional necesita absorber nuevas exigencias derivadas de la normativa europea en materia de migración y asilo.

La nueva urgencia también recae sobre quienes ya estaban esperando

Italia debe respetar las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea. Los procedimientos relativos a protección internacional, internamiento y libertad personal presentan razones jurídicas evidentes que justifican una tramitación rápida. El problema no está en garantizar celeridad a estas materias, sino en permitir que una nueva urgencia sea absorbida por estructuras ya sobrecargadas sin contar con capacidad suficiente para evitar nuevos retrasos en los procedimientos anteriores.

Precisamente por eso el caso de Brescia resulta significativo. El Tribunal menciona la nueva normativa migratoria y las necesidades organizativas prioritarias de la oficina judicial y, como consecuencia, aplaza decenas de audiencias hasta julio de 2027. Cuando entre los procedimientos afectados existen causas de ciudadanía, especialmente aquellas presentadas antes de la reforma de 2025 y todavía sometidas al régimen anterior, la consecuencia resulta especialmente difícil de aceptar.

Estos recurrentes ya acudieron al Estado italiano. No están esperando una nueva política de ciudadanía. Están esperando que el juez examine los documentos, verifique la transmisión de la ciudadanía y, cuando concurran los requisitos legales, los declare formalmente italianos de acuerdo con la normativa aplicable a sus casos.

Italia hace esperar precisamente a una población que podría necesitar

Esta situación sería preocupante en cualquier contexto. Se vuelve todavía más contradictoria a la luz de los datos demográficos difundidos por el propio Estado italiano.

Las proyecciones del ISTAT indican que la población podría pasar de aproximadamente 58,9 millones de habitantes a unos 55 millones en 2050 y a solo 45,8 millones en 2080. Italia podría perder así más de 13 millones de residentes, según una tendencia que el propio Instituto considera prácticamente cierta.

Ni siquiera el saldo migratorio positivo previsto debería ser suficiente para compensar completamente las pérdidas derivadas de la diferencia entre nacimientos y muertes. Italia necesita, por tanto, población, trabajadores, familias, profesionales, contribuyentes y empresarios.

Este argumento se utiliza con frecuencia para explicar la necesidad de nuevos flujos migratorios. Es un debate legítimo. Precisamente por eso resulta difícil comprender por qué el Estado no demuestra la misma urgencia respecto de quienes ya tienen un vínculo histórico y familiar con Italia y que todavía pueden ser formalmente declarados ciudadanos.

Una posibilidad de retorno que ya existe

Los descendientes de italianos que hoy esperan una decisión judicial viven lejos porque sus antepasados tuvieron que abandonar el país. Las guerras, la pobreza, la falta de trabajo y la ausencia de perspectivas dispersaron a millones de familias italianas por el mundo. El océano y las generaciones crearon distancia, pero no necesariamente borraron el vínculo con Italia.

Muchos de estos descendientes conservaron apellidos, tradiciones familiares, referencias regionales, costumbres y algún grado de identificación cultural con el país. Esto no significa que todos deseen vivir en Italia ni que todos mantengan la misma relación con la cultura italiana. Significa, sin embargo, que existe una población cuya integración, en muchos casos, partiría de una realidad diferente a la de quien llega sin ningún vínculo histórico o familiar previo con el territorio italiano.

Una parte de estas personas, una vez formalmente declarada italiana, podría elegir vivir en Italia. Podría trabajar, abrir empresas, invertir, recuperar inmuebles, criar a sus hijos y contribuir precisamente a aquellos municipios y territorios que hoy pierden habitantes. Podría formar parte de la respuesta a la misma crisis demográfica que el país intenta compensar también mediante nuevos flujos migratorios.

No se trata de afirmar que los descendientes puedan sustituir a la inmigración. Sería una simplificación. Se trata de reconocer que Italia dispone también de esta posibilidad y parece no considerarla con la seriedad necesaria.

Una oportunidad que Italia ya redujo en 2025

La reforma de 2025 ya redujo de manera significativa la posibilidad de reconocimiento de la ciudadanía iure sanguinis en nuevas situaciones. De este modo, Italia debilitó uno de los principales puentes jurídicos existentes con su propia diáspora.

Sin embargo, todavía existen procedimientos iniciados bajo el régimen anterior. Cuando se encuentran protegidos por las normas transitorias y se cumplen los requisitos previstos por la ley, esos recursos todavía pueden conducir a la declaración formal de la ciudadanía italiana.

Estas personas no deberían ser vistas únicamente como parte del atraso judicial. En un país que pierde población, representan también una posibilidad concreta de retorno.

El Estado podría resolver estos procedimientos con mayor eficiencia y, posteriormente, crear políticas dirigidas a quienes deseen transformar la ciudadanía en una presencia efectiva en el territorio. Podría incentivar la instalación en municipios afectados por la despoblación, facilitar actividades profesionales y empresariales y acercar a estas familias a las regiones de las que partieron sus antepasados.

Brescia hace visible una elección de prioridades

La resolución de Brescia no debe utilizarse para acusar a la magistrada ni para atribuir responsabilidad a los solicitantes de asilo. La cuestión es institucional.

En el documento aparece la nueva normativa relativa a la política europea de migración y asilo. Aparecen las necesidades organizativas prioritarias del Tribunal. Aparecen procedimientos que ya estaban pendientes. Y aparece una nueva fecha para las audiencias, el 8 de julio de 2027.

Italia debe cumplir sus obligaciones europeas. Pero debería hacerlo sin convertir en secundaria la situación de personas que llevan años esperando una decisión sobre su ciudadanía.

Si existe urgencia para gestionar nuevos flujos migratorios, debería existir también urgencia para no perder a quienes todavía pueden ser declarados italianos y que, eventualmente, podrían regresar, residir, trabajar y construir su futuro en el país.

La contradicción es difícil de ignorar. Italia recibe previsiones que describen un futuro con millones de habitantes menos, busca nuevas personas para sostener su economía y sus territorios y, al mismo tiempo, retrasa la resolución de procedimientos promovidos por descendientes que ya acudieron a sus tribunales para ser formalmente declarados italianos.

Algunos nunca vendrán a vivir aquí. Otros podrían hacerlo.

Un país que se está vaciando debería, como mínimo, tener interés en saber cuántos de ellos todavía desean regresar.

Que se haga justicia.