Durante décadas, en el reconocimiento de la ciudadanía italiana iure sanguinis, la naturalización extranjera del ascendiente italiano ocurrida después del nacimiento del hijo no se consideraba automáticamente idónea para interrumpir la transmisión de la ciudadanía cuando el hijo había nacido en el extranjero y ya era, desde el nacimiento, ciudadano italiano iure sanguinis y ciudadano extranjero iure soli.

En los últimos años este principio se había puesto en entredicho.

Con algunas sentencias de la Corte de Casación, y en particular con la ordenanza n.º 17161/2023, se había afirmado una interpretación de los artículos 7 y 12 de la ley n.º 555/1912 según la cual la naturalización extranjera del progenitor conviviente, ocurrida durante la minoría de edad del hijo, podía determinar también para este último la pérdida de la ciudadanía italiana.

Las consecuencias han sido concretas.

El 3 de octubre de 2024, el Ministerio del Interior había adoptado dicha orientación con la circular prot. n.º 43347, trasladándola de la jurisprudencia a la práctica administrativa. Desde ese momento, el denominado Minor Issue se convirtió en un elemento determinante en el examen de numerosas solicitudes de reconocimiento de la ciudadanía italiana.

Lo que durante décadas no había impedido el reconocimiento de la ciudadanía comenzó así a interrumpir las líneas de transmisión y a constituir un motivo de rechazo de las solicitudes.

La Corte de Casación supera la orientación precedente

Posteriormente, la cuestión se sometió a las Secciones Unidas de la Corte de Casación, la composición llamada a resolver los conflictos interpretativos más relevantes y a garantizar una dirección uniforme en la aplicación del derecho.

Con la sentencia n.º 24045 del 26 de julio de 2026, la Corte de Casación, en su composición de Secciones Unidas, ha superado la orientación precedente.

El principio afirmado es particularmente importante.

El menor nacido en el extranjero de ciudadano italiano, que haya adquirido desde el nacimiento tanto la ciudadanía italiana iure sanguinis como la del Estado de nacimiento iure soli, conserva la ciudadanía italiana incluso cuando el progenitor italiano pierda posteriormente su propia ciudadanía por naturalización.

Según las Secciones Unidas, los artículos 7 y 12 de la ley n.º 555/1912 regulan situaciones diferentes y autónomas. Por lo tanto, no es posible utilizar el artículo 12 para privar de la ciudadanía a quien entra en el supuesto diferente regulado por el artículo 7.

La consecuencia es clara.

La naturalización del progenitor no interrumpe, en estas circunstancias, la línea de transmisión de la ciudadanía italiana.

Ahora es el propio Ministerio del Interior el que cambia de orientación

Este es probablemente el aspecto más significativo de todo el asunto.

El 10 de agosto de 2026, pocas semanas después de la decisión de las Secciones Unidas, el Ministerio del Interior emitió una nueva circular, que tenía por objeto precisamente el reconocimiento de la ciudadanía italiana iure sanguinis, la relación entre los artículos 7 y 12 de la ley n.º 555/1912 y las nuevas líneas interpretativas dictadas por las Secciones Unidas de la Corte de Casación.

Por lo tanto, ya no se trata únicamente de los efectos de una nueva sentencia.

Es la propia Administración del Estado que había adoptado la orientación precedente en 2024 la que hoy la considera superada.

De hecho, la nueva circular dispone la adecuación de la acción administrativa al principio afirmado por las Secciones Unidas.

El paso es particularmente significativo porque demuestra cuán provisional puede ser una interpretación del Estado, incluso cuando esta se formaliza a través de una circular ministerial y produce consecuencias concretas en la vida y en los derechos de las personas.

Y qué pasa con quienes ya han recibido una denegación

La cuestión adquiere aún mayor importancia para aquellos que, entretanto, han recibido una resolución negativa precisamente en aplicación de la orientación hoy superada.

La nueva circular ministerial aborda expresamente también estas situaciones.

Para los procedimientos ya concluidos negativamente, los interesados pueden presentar una nueva solicitud, que deberá ser evaluada según la normativa actualmente vigente.

Pero el Ministerio distingue el caso en que la denegación precedente se fundara exclusivamente en la anterior interpretación de los artículos 7 y 12 de la ley n.º 555/1912, hoy superada por las Secciones Unidas.

En esta situación se prevé la posibilidad de solicitar la revisión de la solicitud original.

La distinción es particularmente relevante porque, en caso de revisión, debe considerarse el marco normativo aplicable en el momento de la presentación de la solicitud original.

Esto significa que la superación del Minor Issue no produce efectos únicamente para el futuro.

El propio Estado reconoce la necesidad de crear una vía para revisar decisiones negativas adoptadas sobre la base de una interpretación que hoy considera superada.

Cuando la posición del Estado no representa la última palabra

Este caso ofrece una reflexión que va mucho más allá del Minor Issue.

Durante un período determinado, una orientación jurisprudencial relativamente reciente fue adoptada por la Administración italiana y transformada en criterio operativo para el reconocimiento de la ciudadanía.

Consulados, municipios y oficinas públicas tuvieron que aplicarla.

Personas que, según la interpretación anteriormente consolidada, habrían podido obtener el reconocimiento de la ciudadanía se encontraron de repente ante una línea de transmisión considerada interrumpida.

Hoy esa misma orientación es superada por la Corte de Casación y, en consecuencia, abandonada por la propia Administración que la había adoptado.

El caso demuestra, una vez más, que la posición del Estado en un momento histórico determinado no representa necesariamente la última palabra sobre el contenido de un derecho.

Esto adquiere aún mayor relevancia cuando determinadas decisiones estatales responden también a necesidades políticas, administrativas o de coyuntura que no necesariamente coinciden con la correcta interpretación de los principios jurídicos, constitucionales y de la propia evolución histórica de la institución de la ciudadanía.

La Administración sigue estando sometida a la ley. La ley sigue estando sometida a la Constitución. Y todo el sistema sigue estando sujeto al control de la jurisdicción y, cuando sea aplicable, del derecho de la Unión Europea.

Es precisamente este sistema de controles el que impide que una determinada interpretación del Estado se vuelva definitiva simplemente porque, en un momento dado, fue impuesta y aplicada.

El debate sobre la ciudadanía iure sanguinis no termina aquí

Es necesario, por supuesto, distinguir las diferentes cuestiones.

La decisión sobre el Minor Issue no determina automáticamente la invalidez de las nuevas limitaciones a la ciudadanía italiana iure sanguinis introducidas en 2025. Se trata de cuestiones jurídicamente diferentes, que deberán ser evaluadas de forma autónoma por los jueces competentes.

Pero lo que ha sucedido representa un precedente significativo desde otra perspectiva.

Una interpretación adoptada por la jurisprudencia, posteriormente acogida por el Ministerio y aplicada concretamente por la Administración ha sido revisada, superada por la Corte de Casación y finalmente abandonada por el propio Ministerio del Interior.

Mientras tanto, sin embargo, esa interpretación produjo consecuencias. Determinó denegaciones, impuso nuevos procedimientos y obligó a personas y familias a asumir tiempos, costes y actividades adicionales para defender una posición jurídica que, hasta pocos años antes, no se había puesto en duda en los mismos términos.

Es razonable esperar que también otras limitaciones recientemente introducidas en materia de ciudadanía italiana iure sanguinis sigan estando sometidas al control de la justicia.

Algunas podrán resistir. Otras podrán ser reinterpretadas, redimensionadas o eventualmente privadas de eficacia si resultaran incompatibles con la Constitución, con el derecho de la Unión Europea o con otros principios superiores del ordenamiento jurídica.

El caso del Minor Issue demuestra, por lo tanto, algo esencial.

El Estado puede adoptar una interpretación y puede imponer su aplicación a sus oficinas. Puede incluso denegar, sobre la base de esa interpretación, un derecho que durante décadas había sido reconocido. Pero esto no significa que esa posición sea definitiva.

La justicia conserva la tarea de verificar su legitimidad.

Y el hecho de que hoy sea el propio Ministerio del Interior el que supere su orientación precedente y regule las consecuencias de las denegaciones adoptadas entretanto hace que esta conclusión sea aún más evidente.