La regulación de la ciudadanía italiana iure sanguinis necesitaba actualizarse.

Negarlo significaría ignorar una realidad que en los últimos años se ha hecho evidente. El aumento exponencial de las solicitudes, las dificultades de los Consulados, la sobrecarga de los Municipios y el crecimiento del contencioso judicial hacían necesaria una intervención capaz de adaptar el sistema a la dimensión alcanzada por el fenómeno.

El problema no era la necesidad de una reforma. El problema ha sido la forma en que se ha elegido llevarla a cabo.

Una materia tan delicada habría merecido una revisión orgánica, construida a través de criterios claros y destinada a perdurar en el tiempo. En cambio, se ha intervenido mediante un recorrido normativo que ha producido inmediatamente nuevas cuestiones interpretativas, nuevos litigios e interrogantes que hoy involucran incluso a los Tribunales Superiores.

Una reforma podría haber exigido más sin cancelar el vínculo

Existía otro camino.

El legislador podría haber endurecido el acceso a la declaración de ciudadanía sin afectar de manera tan radical el principio del iure sanguinis.

Se podría haber exigido más a cada interesado.

Más conocimiento de Italia, mayor conciencia del significado de la ciudadanía y una participación personal más concreta en el procedimiento.

Un primer elemento podría haber sido el conocimiento de la lengua italiana.

Si el objetivo político era evitar que la ciudadanía fuera percibida exclusivamente como una herramienta para obtener un pasaporte europeo, habría sido posible exigir a quien pretenda hacer declarar su estatus un conocimiento efectivo del idioma y, eventualmente, de los elementos fundamentales de la cultura y del ordenamiento italiano.

Una solución de este tipo habría seleccionado mejor las solicitudes sin interrumpir la relación jurídica e histórica entre Italia y generaciones enteras de sus descendientes.

Más responsabilidad para quien solicita la ciudadanía

Reformar no significa necesariamente restringir a través de criterios genealógicos.

Significa también responsabilizar.

Se podrían haber introducido requisitos documentales más rigurosos, procedimientos más estructurados y obligaciones capaces de demostrar un interés real por el país.

La ciudadanía podría haber estado acompañada de un camino más exigente.

Quien desee ser declarado ciudadano italiano podría ser llamado a demostrar que conoce y comprende el país al que pide pertenecer jurídicamente.

Esto habría permitido distinguir con mayor eficacia a quienes mantienen un interés auténtico por Italia de quienes consideran la ciudadanía únicamente como una ventaja documental.

El mercado de la ciudadanía también merecía una respuesta

En los últimos años, en torno a la ciudadanía italiana, también se ha desarrollado un enorme mercado internacional de servicios.

Este fenómeno habría merecido una atención específica.

La asistencia jurídica no debería tratarse como un producto comercial cualquiera. La profesión de abogado está sujeta a principios, responsabilidades, obligaciones deontológicas y normas sobre comunicación profesional.

La dimensión internacional de los trámites hace ciertamente más difícil gobernar fenómenos que nacen o se publicitan fuera de Italia.

Precisamente por esto habría sido oportuno reforzar la cooperación con las autoridades y los organismos profesionales de otros países, respetando sus respectivas legislaciones, para combatir posibles prácticas abusivas o formas de promoción incompatibles con la naturaleza de la actividad profesional desarrollada.

La respuesta al crecimiento incontrolado del fenómeno no tenía por qué ser necesariamente la compresión del derecho de categorías enteras de descendientes.

También podría haber sido la de regular mejor todo lo que se había desarrollado a su alrededor.

Una ley que genera nuevos litigios no resuelve el problema

Una de las consecuencias más evidentes de la reforma es paradójica.

Una regulación que debería haber contribuido a reducir la presión sobre el sistema ha abierto cuestiones jurídicas tan relevantes que requieren nuevas intervenciones de los tribunales.

Jueces de primera instancia, Tribunales de Apelación, Tribunal de Casación, Tribunal Constitucional y ahora también el derecho de la Unión Europea entran, bajo diferentes aspectos, en un debate que parece estar lejos de concluir.

Cuando una reforma destinada a simplificar un problema genera una nueva ola de litigios, es legítimo preguntarse si el instrumento utilizado era realmente el más adecuado.

Corresponderá, por supuesto, a los tribunales competentes establecer los límites jurídicos de las diferentes cuestiones aún abiertas.

Pero el hecho mismo de que tales cuestiones existan demuestra cuánto habría sido preferible una reforma más ponderada y sistemática.

Italia corre el riesgo de debilitar a una de sus mayores comunidades en el mundo

Existe finalmente una cuestión que va más allá del derecho.

Italia afronta desde hace años una seria transformación demográfica. En este escenario, posee al mismo tiempo algo de lo que muy pocos países pueden presumir: una vastísima comunidad de descendientes dispersa por el mundo.

Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Australia y muchos otros países albergan familias en las que los apellidos, las tradiciones, los lazos familiares y el interés por Italia han sobrevivido durante generaciones.

Por supuesto, descender de un italiano no significa automáticamente conocer la Italia contemporánea ni participar en su vida social.

Y era precisamente aquí donde una buena reforma podría haber intervenido.

En lugar de alejar a estos descendientes, Italia podría haberles pedido que se acercaran.

Aprender el idioma. Conocer el país. Comprender sus instituciones. Mantener una relación concreta con Italia.

Transformar la descendencia en participación habría sido, en mi opinión, una respuesta mucho más ambiciosa.

Una cuestión también generacional

Limitar la relación con los descendientes adquiere un significado aún más particular en un momento en que Italia debe afrontar la baja natalidad, el envejecimiento de la población y profundas transformaciones sociales.

No se trata de contraponer a quienes llegan hoy a Italia con quienes descienden de los italianos que partieron en el pasado.

Son fenómenos diferentes y deben abordarse con herramientas diferentes.

La cuestión es otra.

Un país que debe construir su propio futuro debería preguntarse si realmente beneficia a su interés debilitar la relación con millones de personas que ya poseen un vínculo histórico y familiar con él.

Una política con visión de futuro podría haber transformado esa comunidad en un recurso cultural, económico y demográfico, exigiendo al mismo tiempo a los descendientes un mayor compromiso con Italia.

Un error que aún podrá corregirse

Creo que esta fase no representa necesariamente el punto final de la historia del iure sanguinis.

Las leyes cambian. La jurisprudencia evoluciona. Los Tribunales intervienen e incluso el legislador puede reconocer la necesidad de corregir decisiones anteriores.

Considero que el error cometido aún puede corregirse.

Lo que quedará, sin embargo, será la forma en que una materia fundamental como la ciudadanía ha sido abordada en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

Se podía reformar.

Se podía ser mucho más riguroso.

Se podía exigir idioma, conocimiento, participación, documentación y responsabilidad.

Se podía intervenir sobre los abusos y las distorsiones que se habían desarrollado en torno al sistema.

Y se podría haber hecho todo esto sin transformar repentinamente la relación entre Italia y una parte significativa de sus descendientes en el mundo.

La verdadera reforma no debería haberse preguntado únicamente cómo limitar el iure sanguinis, sino cómo hacerlo más serio, más responsable y más cercano a Italia.